Y ahora, ¿qué?

La frase «visto para sentencia» de Marchena nos helaba el corazón. Después de haber escuchado las conclusiones finales aberrantes de la fiscalía, de la abogacía del Estado, de la acusación particular, la puesta en realidad de las conclusiones por parte de las defensas parecía devolvernos la cordura.

La última palabra de los acusados nos abrió el corazón, nos desgarró y nos hizo de nuevo recuperar esa energía que poco a poco parecía que se nos apagaba por momentos: recordar, si es que alguien podía olvidarlo, la grandeza que conlleva la honestidad, la valentía y el poder de la palabra dada cuando de cumplir promesas se trata.

Toda esta montaña rusa de sensaciones, todas concentradas en menos de una semana, quedaron selladas con la última palabra de Marchena.

Ahora queda esperar, posiblemente para comienzos del otoño, que llegue la sentencia.

Algunos están seguros de que ya está escrita desde el principio, desde que Maza escribiera aquello de «más dura será la caída». Veremos para quién iba esa encriptada frase, pues aunque de entrada muchos pensaron que se estaba refiriendo al independentismo catalán, bien podría parecer que en realidad lo que estaba haciendo el que por entonces era Fiscal General, era avisar a los navegantes del gobierno de Rajoy, esos que de alguna manera le marcaron con su batuta las pautas y líneas a escribir.

No lo tendremos nunca del todo claro, pues como ya sabemos, Maza murió de manera abrupta pocos meses después de entregar la acusación que dio inicio a esta causa esperpéntica.

Sea como fuere estamos aquí: tras haber presenciado un juicio lleno de irregularidades, lleno de desatinos, de mentiras, de falsas pruebas, de falsos testigos. Y personas inocentes de los delitos por los que se les quiere privar de libertad durante gran parte de sus vidas, han mostrado estar serenos, profundamente convencidos de que nada malo hicieron y de que lo volverían hacer si se encontrasen en las mismas circunstancias. Estamos aquí observando una cantidad de atropellos insostenible para un Estado que dice ser democrático y de Derecho. Y lo observamos con la frustración profunda que genera vivir en un lugar donde la alienación se ha instalado para no marcharse: mientras comprobamos que ya desmantelado el Estado de Bienestar, ahora vienen a por la parte que creíamos intocable: la justicia, la democracia. Nada sirve, nada era cierto, y nos queda prepararnos para aguantar esta dosis de realidad.

Algunos creen que las sentencias no pueden ir más lejos de condenar por desobediencia. Sería lo ajustado a Derecho. Sería lo que cabría esperar si pusiéramos en valor el principio de legalidad, de seguridad jurídica, que no es otra cosa que poder estar seguros más o menos de que ante unos hechos demostrados, viene una consecuencia jurídica. El problema está en que los hechos que quieren utilizar para justificar un delito no ocurrieron, y basándose en mentiras, pretenden justificar así la aplicación de penas desorbitadas y nos han demostrado ya que son capaces de cualquier cosa.

Por lo tanto, tampoco me parece descabellado pensar que las condenas pueden ser tremendamente elevadas. Y que ante esa situación, la consecuencia social y política será inminente: ¿o acaso esperan que la sociedad independentista en Cataluña, que la sociedad demócrata de todos los territorios del Estado español nos quedemos callados? Mal haríamos si permitiéramos semejante atropello, pero como aún nadie se ha atrevido a derogar la ley mordaza, nadie ha tenido los arrestos de poner patas arriba el sistema imperante -heredero de aquel golpe de Estado del 36, que sigue campando a sus anchas-, podemos imaginar que no sería muy irreal ese panorama en el que la sociedad española sigue mirando hacia otro lado como si esto no le afectase.

Los pasos, en cualquier caso, consistirán en apelar al Tribunal Constitucional mediante un recurso de amparo. Una vez agotada esta vía, será cuando quepa recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y este, a su vez, podría tardar años en resolver. Muy probablemente estos años transcurran con los acusados privados de libertad, lo que conllevaría un sufrimiento inhumano para personas que, repito, son inocentes.

El PSOE debería atreverse, y no lo hará, a pensar en los indultos. Digo que no lo hará porque ya está claro que ha establecido un cordón «sanitario» a través del cual es imposible acceder. No quiere saber nada de los independentistas, no quiere ser investido como presidente con sus apoyos, no quiere hacer política. Y estando así las cosas podemos contemplar que mientras una parte de nuestros representantes (por no decir todos) son rehenes de un establishment que se niega a ser relevado, la factura nos seguirá tocando pagarla a todos los ciudadanos.