Decía el otro día Elisa Beni, en este artículo, que en España hay un poder, el judicial, que se escapa a cualquier control, que hace y deshace, poniendo a los amigos, copando los tribunales, alterando sus disposiciones, sin que nadie pueda revisar sus actos.
Si tomamos como referencia los últimos sucesos ocurridos en torno a la toma de posesión de los parlamentarios europeos Puigdemont y Comín, yo diría que el problema es aún más grave desde el momento en el que, bajo mi punto de vista, toda la maquinaria del estado se ha puesto a trabajar para intentar paliar las consecuencias de un procedimiento mezquino a todas luces, que jamás debió instruirse y que está llevando al estado español a la altura democrática de cualquiera de esas repúblicas dirigidas por un sátrapa tercermundista.
La huida hacia adelante nunca es buen procedimiento. Si para tapar una mentira, debes inventarte otra mayor, la espiral hará que llegue un momento en el que se acabe descubriendo el pastel porque las invenciones, cada vez mayores, se hacen totalmente increíbles e inverosímiles.
Parte del pueblo permanece, riéndose, cuales hienas, por el odio a todo lo que huela a catalán y pensando “que se jodan”. Otros, impasibles como si esto no fuera con ellos, porque no son capaces de prever que la indefensión, el no respeto del principio de igualdad y la aplicación de la ley no conforme al derecho sino a un supuesto interés del estado, aunque este fuera legítimo (que no lo es), nos implica a todos (hoy son los políticos catalanes, pero mañana pueden ser los vascos, los burgaleses o simplemente tú porque has dicho o escrito algo que consideran inconveniente o peligroso para el sistema). Los menos, nos implicamos intentando denunciar lo que consideramos un atropello a la libertad, a las leyes y al sistema de separación de poderes que una democracia debe tener.
Lo que está pasando en España es más viejo que la sopa. Hay un refrán en castellano que dice “Hecha la ley, hecha la trampa”. La “trampa” suele consistir en aplicar ese vacío que la ley no contempla, o retorcer la legalidad hasta hacerla encajar un artículo que, pensado para otro tipo de situaciones, sirva a los propósitos requeridos.
Si usted, querido lector no ha seguido el juicio de la vergüenza, y además solo se desinforma a través de la televisión generalista nacional, no será capaz de empatizar con este artículo, ni capaz de entender las diferentes “trampas” sucedidas a lo largo de un proceso lleno de irregularidades que comenzó con una acusación por rebelión sin haber ni un solo detenido por violencia el 1-O, sin que el Ministerio de Hacienda haya podido justificar el desvío de un solo céntimo público para la celebración del referéndum y lo que es más grave, sin que en los cientos de videos de ese día, haya uno solo en el que se vea a un cabecilla dar órdenes a la gente para que fuera a votar o para que se opusieran pacíficamente a las intervenciones de la Guardia Civil o de la Policía. Todas las “trampas” las cuenta aquí Joan J. Queralt.
Pero el empeño del estado en seguir alimentando esa bola que sea capaz de tapar todos los despropósitos, que empezaron con el discurso del rey, con otros, cada vez mayores, es francamente delirante. Y atentan directamente a la soberanía popular desde el momento en que, primero se quiso impedir con una de esas “trampas” legales que personas con todos sus derechos intactos, en una prisión provisional discutible, pudieran presentarse a las elecciones. Al final, no tuvieron más remedio que dejarlos acudir como candidatos. Y algunos, salieron elegidos diputados y/o senadores. Para seguir con la bola de los despropósitos, con la ayuda inestimable del partido del Régimen, el PSOE, ese que debiera haber impedido que estas personas de las que dice Elisa Beni que se escapan a cualquier control y que han montado un sistema basado en el nepotismo, llegaran a dónde han llegado por obra y gracia de las mayorías del Partido Popular, se les mantiene en prisión una vez elegidos y se saltan con otra “trampa” legal la Constitución y el suplicatorio y los declaran suspendidos de funciones. El objetivo, es que no puedan dar visibilidad a las vergüenzas de un procedimiento que hace aguas por todos los lados.
Pero no contentos con ello, un mes después, dos señores contra los que no hay ninguna orden internacional de detención, porque el Juez, conocedor de que Europa no es España, se desdijo, que han fijado su residencia en Bruselas porque aquí correrían la misma suerte que sus compañeros en el parlamento catalán (estarían privados de libertad de forma provisional en Soto del Real), se presentan a las elecciones al Parlamento Europeo y salen elegidos.
Desde el primer momento, la estrategia de estos señores a los que no hay poder que controle, así como del régimen, tanto para los que están en prisión provisional aquí, como para los que han fijado su residencia fuera, es impedir por todos los medios que estos representantes del pueblo tengan inmunidad parlamentaria. En España, era fácil. Yo me lo guiso, yo me lo como. Entre el TS y la mesa del Congreso compuesta mayoritariamente por nacionalistas españoles (véase cómo el PSOE entrega el Gobierno de Navarra a la coalición de las extremas derechas porque para que su candidato lograra la Comunidad necesitan la abstención de EH-Bildu), no ha habido problemas para la “trampa” legal. Pero en Europa es otra cosa. Y todos, al menos las personas con las que me relaciono y que compartimos sobre esta indecencia, pensábamos que estaba chupado. Con el Parlamento europeo, no podrían. Tendrían que pedir el suplicatorio y sería difícil que con un procedimiento tan chapucero y con tantas supuestas faltas de garantías, que el Parlamento de la Unión accediera. Pero en España, siempre hay un roto para todos los descosidos. Siempre hay una “trampa” legal, que se ajuste, aunque sea retorciéndola y con calzas, al objetivo final. Todos nos quedamos de piedra cuando, ningún otro parlamentario había tenido problemas para acreditarse en Bruselas y al llegar Puigdemont y Comín, tenían sus nombres señalados con rotulador fluorescente para impedirles la entrada y que recogieran su acreditación. Como es escándalo fue mayúsculo y en la vieja Europa corren tiempos de fascismo, apelaron al amigo italiano para que arreglara el desaguisado desacreditando a todos los parlamentarios españoles y conminándoles a que antes de tomar posesión, recojan el acta en España. Un requisito que, al parecer, no se aplica en ningún otro estado miembro, pero que hará que difícilmente el President Puigdemont y Toni Comín puedan convertirse en eurodiputados. Para el bueno de Oriol Junqueras, que también ha salido elegido, la “trampa” utilizada es la misma por la que ha sido suspendido como Diputado en el Congreso. Como está en prisión preventiva y debe ir a tomar posesión a Bruselas, una vez recogida el acta en el Congreso, se le niega la salida y santas pascuas.
La inmunidad parlamentaria, el derecho a ser elegido, la representación parlamentaria, la soberanía popular, todo, parecen minucias a los ojos de quienes, sentados en un órgano sin control, hacen, deshacen, nombran, separan, retuercen la ley y maquinan a conveniencia de un régimen que se sostiene únicamente porque no se les da la oportunidad a los ciudadanos de decidir sobre el mismo.
Enfadarse porque una bandera no se iza correctamente, mientras se nos está privando de nuestros representantes elegidos democráticamente, es el paradigma que mejor encaja en un estado que tiene que pregonar allá donde va, que es una democracia ejemplar. Dime de qué presumes,…
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