Evitando que más dura sea la caída

La Fiscalía habló. Y le dio la razón a los candidatos europeos en el exilio. ¡Hasta, incluso la Fiscalía!

Un respiro, aunque no existe todavía certeza alguna, pues quien tiene la palabra definitiva (al menos en este paso procesal) es el Tribunal Supremo. Pero algo es algo, y en estas circunstancias ya es mucho.

Es mucho porque durante estos días hemos podido ver que la Junta Electoral Central ha esperado, agazapada, a que se celebrasen las elecciones del 28 de abril, sabiendo ya que meterían mano en las del 26 de mayo. Sabiendo que su decisión era necesariamente un elemento que podría influir de manera directa en los resultados electorales. A nadie le cabe duda de que, de haberse hecho pública la resolución de la JEC el sábado 27, por ejemplo, los votos para JuntsXCat a las generales habrían sido (muy) distintos. La solidaridad que se extiende en este momento hacia semejante injusticia va más allá de las siglas de un partido. Y la sociedad catalana, al menos la soberanista, tiene claro que su lucha es –ante todo– por la democracia. Y es que la razón fundamental del independentismo y del soberanismo –pegamento que les une– es la búsqueda efectiva de métodos (más) democráticos.

¿Por qué motivo omitir esta información hasta que los comicios se celebrasen, pero con la intención de inmiscuirse de manera flagrante en los siguientes, esto es, en las elecciones europeas? Las dos preguntas tienen un mismo beneficiado, que podría verse perjudicado si se hubiera sabido la resolución de la JEC antes del 28 de abril; y por supuesto, es el más perjudicado si Puigdemont es candidato en Europa.

Pero volviendo a lo sucedido con la Junta Electoral Central, que lleva toda la semana (y los últimos meses) ocupando titulares de prensa, no puede pasar por alto el perfil y los comportamientos de alguno de sus miembros.

Precisamente esta semana podíamos constatar que al menos uno de ellos, Andres Betancor, podría haber prevaricado. Y es que, este Catedrático de Administrativo, al que entre sus conocidos llaman «el yernísimo» (está casado con la hija del expresidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga) había dejado rastros para averiguar lo que él consideraba hace un año exacto.

En un blog personal donde exhibe su gran destreza con la pluma, ya explicaba hace un año que debería cambiarse la ley electoral para poder impedir que Puigdemont fuera candidato. Que era lo que él desearía. Pero reconociendo que, con la actual legislación no se le podría impedir semejante cuestión. Y sin embargo votó en contra de este mismo texto que él firmaba, siendo ya miembro de la Junta Electoral Central. Entre una postura y la otra existe un cambio: la pertenencia a este órgano, al que llega en noviembre de 2018, propuesto por Ciudadanos. Curioso que además se haya querido agarrar este señor al criterio de residencia de los exiliados cuando podría suceder (según se comenta en los mentideros de la Pompeu Fabra) que él mismo residía en Madrid cuando debía hacerlo en Barcelona, incumpliendo así –presuntamente– con la ley que rige al funcionariado.

Y claro, precisamente es Ciudadanos, junto al Partido Popular, quien interpone la denuncia de la candidatura de Puigdemont ante la Junta Electoral Central.

La Fiscalía viene a darle la razón al Presidente de la JEC y a los otros tres votos particulares que se adendaron a la resolución de la JEC. Estos cuatro «díscolos» consideraban, como Betancor, que con la ley en la mano Puigdemont, Comin y Ponsati tenían derecho a ser candidatos en las europeas.

Y, ¿por qué es tan importante para algunos frenar esta candidatura? Pues porque tiene consecuencias:

Que Puigdemont saldrá elegido eurodiputado es un hecho que ya casi nadie puede negar. Y, ¿qué supondrá este hecho?: una hecatombe para España. Fundamentalmente porque caen de un plumazo la mayoría de las mentiras del relato del establishment.

A partir de ahora, es cuando al menos deberían comenzar a surgir, como champiñones, una serie de dudas entre la población española y la comunidad internacional:

¿Cómo es posible que el enemigo número uno de España, el «golpista», el «responsable de la rebelión», el «malversador», «el huido», el «cobarde», el «fugado», el «traidor» obtiene un escaño en la más alta instancia democrática de Europa?

¿Cómo puede ser que mientras en España las figuras compañeras de Puigdemont en la comisión de «todos esos terribles delitos» lleven año y medio en prisión sin sentencia?

¿Cómo explicar que Puigdemont es un ciudadano perfectamente libre y que tendrá capacidad representativa en Europa mientras se le ha negado poder ser investido como legítimo Presidente en Cataluña después de haber concurrido a unas elecciones –estando en el exilio–, obteniendo la mayoría parlamentaria? Y ¿cómo se atreverá Marchena a suspender a los diputados y senador electos Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull mientras Puigdemont es eurodiputado?

Todavía tiene España un as en la manga: el obstáculo de la recogida del acta. Aún Puigdemont tiene que pisar suelo español para poder tomar posesión. La cuestión es que estará protegido por la inmunidad que le da obtener un escaño en el momento del recuento de los votos. Y en este sentido, no sería posible detenerle, por mucho que así lo deseen desde España.

Es lógico pensar que algunos querían ahorrarse este bochorno: porque si quieren cumplir con la ley (y sobre todo la europea), detener a un eurodiputado electo cuando acude a hacer un trámite burocrático para confirmar su legitimidad como representante, no les queda más remedio que permitir que Carles Puigdemont aterrice en Madrid y camine en absoluta libertad hasta firmar su posesión de acta. Piense, mi querido lector, en el bofetón de mano abierta que supone esta estampa: mientras unos están en prisión, rehenes de un juicio farsa, otros pasean libres por la calle respaldados por el ordenamiento jurídico europeo.

Si, de lo contrario, España prefiere seguir prevaricando, detienen a Puigdemont en caso de que este venga a España, tendrán que intervenir las máximas instancias europeas para dilucidar el asunto, puesto que estamos hablando de un electo europeo. ¡Toma ya!

Y en el caso de que ganase esta contienda Puigdemont, como es de prever con la legislación y jurisprudencia en la mano, esto sólo puede suponer la estocada final para España.

Como dice Boye: preparen palomitas.

Bea Talegón