El Gobierno de España, concretamente Pedro Sánchez, decía zanjar la polémica desatada por los vaivenes del Tribunal Supremo sobre el impuesto de actos jurídicos documentados (IAJD) que grava los préstamos hipotecarios, «Nunca más los españoles pagarán este impuesto, lo asumirá el sector financiero«, del que todos nos acordamos.
Con estas palabras, el presidente del Gobierno, el Ejecutivo español, corrigió la sentencia definitiva, que liberaba a los bancos de abonarlo, con un decreto que les forzaba a asumirlo. Sin embargo, el tiempo ha dado la razón a los que pronosticaron que esta factura acabaría trasladándose a los clientes.
El tipo medio (TAE) al que concedieron hipotecas los bancos ha subido en febrero hasta el 2,38%, su nivel máximo desde noviembre de 2015, según información de los últimos datos del Banco de España.
En septiembre, antes de que el Supremo abriese la polémica con su primer cambio de criterio, el precio de las nuevas hipotecas estaba en España en el 2,21%. En el momento de la reacción del Gobierno de Pedro Sánchez con un decreto, finales de noviembre, el tipo medio estaba en el 2,25%, 13 décimas por debajo del nivel actual.
