Lazos amarillos y torpeza del estado

Si yo fuese el Estado español (bien, estoy en el mercado, a ver si me llaman), lo que no haría bajo ningún concepto es lo que está haciendo. No, no montaría bulla con el asunto de los lazos amarillos. Astutamente miraría hacia otro lado. No, no amagaría con llevar a Quim Torrra a la Fiscalía por desobediencia. No, no lo haría, como tampoco hubiese permitido llevar a juicio, sin arsenal de pruebas que lo respaldasen, a los líderes independentistas. He aprendido con el paso de los años que en las batallas nunca debes hacer lo que espera de ti tu oponente. No debes hacerlo si eres Donald Trump y tienes que habértelas con Kim Jong-un, the rocket man, y no debes hacerlo si eres el Estado español y tienes en frente al bloque soberanista catalán (y, válgame Dios, no establezco aquí ninguna analogía entre la Corea norteña y la Catalunya de Puigdemont y Junqueras).

Vamos a ver. ¿Qué son los lazos amarillos? Un símbolo. Un símbolo muy poderoso. ¿Es posible ilegalizar en democracia símbolos? Claro, siempre que denoten causas antidemocráticas o violaciones de derechos fundamentales. Por ejemplo, ¿qué simboliza la presencia de militares filofranquistas en las listas de Vox? Está claro, ¿no? La nostalgia de la dictadura. Ese símbolo sí que no debería ser tolerado en democracia (aburre y cansa tener que escribir que en Alemania sería inconcebible que militares candidatos elogiasen la pericia castrense de Adolf Hitler). Aquí se ve con claridad de qué pie cojea el Estado y qué cosas persigue y con qué otras transige.

¿Pero cuál es entonces el problema con los lazos amarillos? ¿Qué simboliza que sea tan indigerible para las fuerzas que controlan los aparatos del estado español? ¿Acaso no era perfectamente esperable que las instituciones catalanas de autogobierno se solidarizasen con personas que llevan más de 500 días en prisión sin que existan pruebas concluyentes de que cometiesen delito alguno?

Bien, no acierto a entender qué gana el estado con la escaramuza de los lazos amarillos. En el plano electoral, poco o nada (a no ser que se persiga el fortalecimiento de la extrema derecha, siempre mejor el original que la fotocopia; al soberanismo desde luego esta polémica le va de perlas). En el plano de la resolución del contencioso no gana nada, pues demuestra que el Estado no sólo no es capaz de metabolizar un derecho democrático como el de autodeterminación, sino que ni siquiera  alcanza a asumir símbolos absolutamente inocuos (no, los lazos amarillos no son comparables a los efectos disolventes del detergente Fairy).

Y, por cierto, ha gestionado bien el tema Quim Torra, al desplazar la decisión sobre la retirada o no de los lazos a una institución propia del autogobierno catalán, el Síndic de Greuges, presidida por una persona que viene de la izquierda no independentista. En efecto, el Síndic en teoría tiene mucho más que ver con la formación de la voluntad general de la sociedad catalana que la Junta Electoral estatal. Otra cosa distinta es que nos guste más o menos la resolución adoptada por el ente del que es titular Rafael Ribó, pero esa ya es otra historia.