domingo, 14 de agosto del 2022

Vox percibe casi tres millones de euros en subvenciones por sus escaños en Andalucía, en contra de su programa

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Josep Herrera
Josep Herrera
Periodista Journalist Press                                                                                                                                                                             diariolasrepublicas@gmail.com
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Donde dije digo, digo Diego. Vox, el partido ultra ‘antichiringuitos’, que quería acabar con las ayudas economicas a los partidos políticos, cobra casi tres millones de euros en subvenciones de dinero público, tras las elecciones andaluzas

La entrada de Vox en el Parlamento de Andalucía ha permitido al partido de extrema derecha acceder a subvenciones públicas, justo lo contrario que promulgaban en campaña, y a que sus miembros perciban un salario por sus actividades como diputados.

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Entre los fondos públicos y lo que cobran sus 12 representantes políticos, y que no tienen obligación de ceder parte de esa cantidad a la formación, los ingresos de la fuerza política de Santiago Abascal ascienden a 2.910.428,94 euros.

El 98% de esta cantidad, 2.864.673,85 euros, proviene de subvenciones por gastos electorales reguladas en la Ley 1/1986 del 2 de enero, la Ley Electoral de Andalucía (1.688.720,85) y de las partidas anuales que otorga el Parlamento andaluz a los grupos con representación en la Cámara para el desarrollo de sus funciones (1.175.953).

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Como informa El País, Vox ha hecho del rechazo de las subvenciones a los partidos uno de sus ejes políticos, que ha quedado reflejado en el punto 82 de su programa electoral. En el documento inicial que presentaron al PP para apoyar a Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta se incluyó la reducción del 75% de las ayudas públicas a formaciones políticas, sindicatos y patronales, un punto que se excluyó del acuerdo final.

Sus representantes en Andalucía tampoco se han planteado renunciar motu proprio a esa cantidad por entender que hay otros asuntos más prioritarios que abordar y que esa renunciada debería ser un compromiso pactado por todas las fuerzas de la Cámara, aseguran a este diario desde el grupo parlamentario.

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