viernes, 19 de agosto del 2022

Las acusaciones no se salen con la suya a la hora de demostrar la malversación

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Jordi Bracons
Jordi Bracons
Corresponsal de Las Repúblicas en Madrid.
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La supuesta malversación de fondos públicos ha vuelto a protagonizar una nueva sesión del juicio contra el independentismo. Hoy, las acusaciones han tenido una nueva oportunidad para tratar de sacar alguna confesión a los trabajadores de Artyplan, una imprenta que recibió, según explicaron, un encargo de Òmnium Cultural para imprimir los carteles con los que se haría el referéndum de autodeterminación de Cataluña.

Una petición, pues, hecha por una entidad privada y que, por mucho que lo ha intentado la Abogada del Estado, Rosa María Seoane, no ha conseguido que la responsable de RRHH de la empresa, Rosa Maria Sans, le diera el nombre de la Generalidad. «En la ficha del encargo salía Òmnium» y «no se emitió ninguna factura o albarán» de los trabajos realizados, relató Sans. El motivo, los registros de la Guardia Civil, ha asegurado. Una vez los agentes de la benemérita entraron en las oficinas, y le hicieron calcular el valor que tendrían los carteles –unos 17.200 euros–, decidieron no terminar el encargo por miedo a tener problemas legales.

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El único detalle que la Fiscal Consuelo Madrigal sí ha conseguido arrancar es una afirmación de Enrique Marino, uno de los comerciales de la empresa Artyplan que, asegura, recibió «una llamada» desde Òmnium en la que le ponían en contacto con un diseñador externo –Enric Vidal, también testigo– para poder preparar el formato de los carteles y facturar, «a la Generalitat», las tareas realizadas.

Sin embargo, los tres testigos –Vidal incluido– han reconocido que no hubo facturas emitidas por «dudas» de poder cobrar y, también, por la desazón de tener encima a los agentes de la Guardia Civil.

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Por lo tanto, el Ministerio Fiscal y Abogacía del Estado siguen teniendo problemas para demostrar los delitos por los que piden hasta 25 años de cárcel a los doce políticos independentistas encausados ​​en el Supremo. Asimismo, la Fiscalía sigue evidenciando que esto es un juicio político cuando, la primera pregunta de casi todos los interrogatorios a acusados ​​o testigos es si «son socios de ANC o Òmnium Cultural».

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