La confirmación de la salida del Reino Unido de la Unión Europa a raíz del referéndum popular ha supuesto un torbellino de reacciones por todo el mundo. No cabe duda de que esta decisión afecta a muchas personas de diferentes lugares, y en España residen casi 400 mil británicos.
Estos se acogen al derecho de libre circulación inherente a la Unión Europea, pero la salida del Reino Unido supone que de buenas a primeras no cuenten con los mismos derechos que hasta ahora.
Por ese motivo el Estado español allanará el camino a los residentes británicos en España, incluso a aquellos que hoy no están registrados como residentes permanentes. El Gobierno prevé expedir nuevos permisos a esos 400.000 británicos si Reino Unido abandona la UE de manera abrupta y ese colectivo queda en un limbo.
Es una de las medidas con más impacto del plan de contingencia que aprobará este viernes el Consejo de Ministros. El real decreto ley extiende todos los beneficios previstos a Gibraltar, aunque deja claro que España tendrá derecho de veto sobre la situación de la colonia británica en cualquier acuerdo futuro entre Londres y Bruselas.
Todas las decisiones que prolongan de alguna manera el statu quo de empresas y ciudadanos británicos en España están condicionadas a un requisito clave: que Reino Unido aplique el mismo trato a España.
El día de la salida británica (en principio, el próximo 30 de marzo) se aproxima y el Gobierno británico sigue sin dar señales claras sobre qué ocurrirá entonces. Con el fin de prepararse frente a la hipótesis de un Brexit duro, el Ejecutivo español aprovecha el último Consejo de Ministros de esta legislatura para aprobar un real decreto ley que remitirá inmediatamente al Parlamento para su convalidación.
Esto nos recuerda a los acuerdos que tiene España en términos de visados con países de otros continentes. Se puede residir en Estados Unidos, Canadá o China, pero las medidas de control, especialmente relacionadas con los contratos laborales, son más estrictas, y en caso de no tener un trabajo, se termina la vigencia del visado y el ciudadano extranjero debe volver a su país. Esto reduciría la movilidad geográfica, y al Gobierno español también le interesa seguir recibiendo ciudadanos británicos.
La opinión generalizada de los británicos residentes en España es que esta decisión les puede perjudicar y, al igual que ha sucedido en Gibraltar, ha habido bastante rechazo al resultado. Sin embargo, aún es pronto para asegurar si la salida de la UE implica consecuencias negativas para ellos, y habrá que esperar a los acuerdos legales y económicos.
