Paralizada provisionalmente la exhumación de Franco por «razones de peso»

Más obstáculos para la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. En este caso son «razones de peso», y nunca mejor dicho. O eso es lo que ordena un juez, José Yusty Bastarreche, cercano a una ideología expecífica.

Un juzgado de Madrid ha suspendido de forma provisional la licencia urbanística del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que autorizaba al gobierno español a levantar el pavimento de mármol, a retirar la losa de piedra de la sepultura de Franco y trasladarlo a otro lugar.

El juez José Yusty ha paralizado cautelarmente la licencia después de recibir la demanda de un particular que cuestionaba que las obras sean conformes a la legalidad vigente y se puedan llevar a cabo con seguridad.

El requerimiento habla de un «riesgo evidente» porque recuerda que se trata de mover unas losas de mármol, que tapan otra de granito de 2.000 kilos de peso.

Este particular también denuncia que falta un análisis riguroso de la seguridad, estabilidad e instalaciones subterráneas que pueda haber bajo la sepultura de Franco.

El titular del juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Madrid se hace suyo este argumento y apunta que:

«No hay que ser arquitecto, arquitecto técnico, ingeniero o maestro de obras para darse cuenta de que mover la losa de 2.000 kilos de la lápida de Franco es complicado, difícil de manejar y por tanto peligroso por el riesgo evidente de caída, rotura o cualquier otro accidente que pueda ocurrir y que pueda provocar daños a las personas».

Ahora, el consistorio de San Lorenzo de El Escorial, a cuyo término se encuentra la Basílica del Valle de los Caídos, tiene tres días para presentar alegaciones a la decisión del juez.

En 2007, José Yusty escribió un artículo donde calificaba la ley de Memoria Histórica del gobierno Zapatero de proyecto «sectario y divisor» y argumentaba que «representa el rencor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro, frente a los que la ganaron».

José Yusty Bastarreche fue, por ejemplo, el magistrado que decidió suspender el acto en favor del referéndum catalán que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, había autorizado en otoño de hace dos años en un local propiedad del consistorio. Su decisión fue recurrida por la alcaldesa.

Igualmente, Yusty fue uno de los miles de firmantes del manifiesto de Libres e Iguales, la asociación que surgió en respuesta al separatismo catalán y cuya finalidad principal era «la movilización del conjunto de los ciudadanos españoles en el grave debate provocado por el secesionismo catalán».