La Moncloa consigue que Roures no se quede con el Grupo Zeta

El poder político siempre ha tratado de modelar el mapa mediático según sus intereses. Que son cambiantes. Durante el Gobierno Zapatero (2004-2012), Jordi Roures fue el hombre de la Moncloa en los medios. De hecho, el gabinete socialista promovió en 2007 la aparición del diario Público porque Zapatero no se fiaba de El País, al que veía excesivamente entregado a las élites económicas y a un Felipe González que desde bastidores se movía para manter su influencia en los despachos de Ferraz.

Años después, el Gobierno Sánchez ha hecho todo lo posible para torpedear una operación empresarial en la que Jordi Roures, accionista de referencia y gestor de Mediapro, había puesto mucho empeño y trabajo: la compra del Grupo Z, el conglomerado de comunicación creado en 1976 por Antonio Asensio y que en los últimos años —desaparecido el fundador y bajo el mando de su hijo, Antonio Asensio Mosbah—, ha vivido una crisis agónica, acogotado por una deuda gigante, siempre al borde del cierre.

La familia Asensio se desprende del grupo, que lleva en venta 11 años, al no poder poner fin a una vertiginosa caída de la facturación. La falta de liquidez y las sucesivas renegociaciones de los créditos con los bancos se tradujeron en medidas tan traumáticas para la compaññía como el cierre de publicaciones míticas como  Interviú y Tiempo, la venta de Ediciones B a Peguin Randon House por 35 millones de euros y el despido de unos 250 trabajadores, con reducciones salariales del entorno del 16 por ciento para los supervivientes.

Las maniobras de La Moncloa han sido coronadas con el éxito y este martes 19 de febrero se ha hecho público que el comprador del Grupo Z no es la Mediapro de Jordi Roures, sino el Grupo Moll, uno de los grandes conglomerados de la prensa española, dueño de, entre otras cabeceras, títulos como Faro de Vigo, La Nueva España o Diari de Girona.

La operación se cierra en el entorno de los 40 millones de euros. 30 irán directamente a los bolsillos de los acreedores y cerca de 10 a la cuenta corriente del propietario. Roures daba más dinero, cerca de 50, pero su oferta no contaba ni con el favor político ni con el plácet de los bancos propietarios de la deuda, decisivos a la hora de tomar cualquier decisión sobre la empresa.

Según las fuentes consultadas por LasRepúblicas, las interferencias del poder político en esta operación fueron muy intensas y prolongadas en el tiempo. Desde la navidad pasada hasta estos últimos días, gente del staff del complejo monclovita llamó con insistencia a los rectores del Grupo Moll, en principio poco entusiasmados con la idea de hacerse con el timón de una compañía lastrada por una deuda de 90 millones de euros, para que pujasen por Zeta.

«No querían [el Gobierno Sánchez] a Roures en Zeta porque no querían una voz independiente en la prensa catalana que en un momento dado pudiese dar voz al bloque independentista», afirman las fuentes con las que ha hablado Las Repúblicas.

Roures intentó la compra hasta el último minuto -«hay muchos poderes fácticos que no ven con buenos ojos esta operación», llegó a decir en público-, pero todos sus esfuerzos fueron en vano

La operación se realiza entre otras cosas porque los acreedores —liderados por el Banco Santander y Caixabank—la viabilizan al aceptar una quita del 70 por ciento sobre la deuda. Moll asumirá así un pasivo de 27 millones de euros. El acuerdo contempla también un ingreso de unos 10 millones de euros para Asensio Mosbah, según ha publicado CrónicaGlobal. El desembolso no se hace ahora, sino que se irá materializando en sucesivos plazos. El dueño de Zeta aspiraba a una cantidad mayor, pero los bancos no accedieron a sus pretensiones. Finalmente, los acreedores accedieron a una quita mayor a cambio de que el propietario se conformase con una ganancia inferior.

Tradicionalmente se ha considerado que el Grupo Moll está próximo en lo político al PSOE. De hecho, la compañía fundada en Canarias en 1978 por Javier Moll comenzó su expansión en 1984, al adjudicarse en una puja pública algunas de las antiguas cabeceras propiedad del estado durante la dictadura (la conocida como prensa del movimiento). En aquel momento el gobierno lo presidía Felipe González.