El abuso que nos tiene fustigando el feudalismo de la corona de los Borbones es cada vez más infame. La Fiscalía General del Estado ha archivado las investigaciones relativas a las corruptelas de Juan Carlos I. Aunque el ministerio público admite que el monarca fugado cometió los delitos, concluye que han prescrito y que tuvieron lugar cuando gozaba de inviolabilidad, como establece la Constitución española.
Por tanto, el Estado español ya tiene todo listo para cerrar con cerradura y llave las investigaciones. La causa abierta contra el Borbón tenía por objeto el cobro de 100 millones de dólares como comisión por la adjudicación a empresas españolas del tren de alta velocidad en La Meca y el pago de gastos familiares por parte de un empresario mexicano.
En una «democracia defectuosa» como la española, de nuevo la “Justicia #MarcaEspaña» demuestra estar diseñada para proteger los intereses de los de siempre, la del jefe de Estado Borbón como heredero, puesto por el dictador que lo dejó todo atado y bien atado, Francisco Franco, y a los políticos del régimen del 78.
Para perseguir cualquier tipo de disidencia. Un caso paradigmático es el de Josep Miquel Arenas, alias Valtònyc, encausado y exiliado por escribir canciones en contra de la corrupta Corona y condenado por los tribunales españoles a 3 años y medio de cárcel por injurias, terrorismo y amenazas.
