Los nombramientos de magistrados y jueces es una de las funciones que tiene atribuidas el Consejo General del Poder Judicial.
Pero mediante un decreto del actual Ejecutivo, se suspendió la posibilidad de llevar a cabo nombramientos mientras el órgano de gobierno de los jueces estuviera en funciones. Y es que, desde diciembre de 2018, Carlos Lesmes y sus doce vocales comenzaron a hacer nombramientos de jueces y magistrados en más de setenta casos. Hay que señalar que estos nombramientos tienen en la mayoría de los casos, carácter vitalicio, por lo que no hay vuelta de hoja cuando se nombra a un magistrado o juez en alguna de las salas o al frente de un tribunal.
Ante la situación de bloqueo que vive la renovación del órgano, que va camino de alcanzar los tres años en situación de funciones porque desde el Partido Popular no están por la labor de negociar los apoyos necesarios para los nuevos nombramientos, se han intentado limitar las funciones del órgano que ocupa unos puestos que en base a la ley, no le corresponden.
Después de que se limitase la posibilidad de hacer nombramientos por parte del CGPJ en funciones, las plazas que han ido quedando libres, por jubilaciones, no han podido cubrirse con otros perfiles. Es por este motivo por el que siguen llegando casos por resolver, pero no hay jueces ni magistrados suficientes para tanta carga de trabajo.
Así, es como el Consejo General del Poder Judicial ha decidido recurrir a una vía excepcional para poder abordar esta cantidad de trabajo: recurrir a los togados de lo Militar. La decisión se fundamenta en que esta sala, la de lo Militar, es la que menos casos tiene que resolver, y por esta razón, se intentará que asuman casos de otras áreas, especialmente de lo Contencioso-Administrativo.
Es ahora la sala de lo Contencioso Administrativo la que tiene un plazo de dos meses para dar respuesta a esta vía excepcional. Esta sala deberá abordar la cuestión relativa a la anulación de los indultos de los políticos catalanes, así como anular también el nombramiento de la que fuera ministra Dolores Delgado, como fiscal general del Estado.
Esta sala conoce también de los recursos presentados contra decisiones del Gobierno, del Congreso, del Senado, del Tribunal de Cuentas y del Tribunal Constitucional.
