Abuso judicial a dirigentes del ‘Procès’: «Nos piden fianzas que ya pagamos

El jefe de la diplomacia de la Generalitat entre 2013-2017, y ex secretario general del Diplocat, Albert Royo, fue quien dio la alerta cuando anunció que el Tribunal de Cuentas le reclama 4,5 millones.

Declaración en el infame juicio al Procès del ex secretario general del Diplocat Albert Royo.

Otro acto de venganza contra por el Procès. Los altos cargos de la Generalitat a los que el Tribunal de Cuentas les reclama millones de euros con motivo de sus responsabilidades al frente de las instituciones entre los años 2011 y 2017 consideran un abuso y una incongruencia esa petición.

Estos ya han depositado ocho millones de euros ante un juzgado de Barcelona y ante el propio Tribunal de Cuentas por hechos relacionados con las actividades de promoción de la independencia, que ahora sigue indagando para presentar más peticiones de fianzas a una treintena de altos cargos y ex altos cargos de la Generalitat.

La alerta la dio este jueves Albert Royo, ex secretario general del Diplocat, (Consell de Diplomacia Pública de Catalunya) es decir, el jefe de la diplomacia de la Generalitat entre 2013 y 2017, que anunció que el Tribunal de Cuentas le reclama 4,5 millones de euros por la acción exterior del Govern durante esa época.

“Esa petición es una duplicación del castigo. A mí y a otros altos cargos ya nos había pedido el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona que depositásemos seis millones de euros en la causa que se está siguiendo contra nosotros”, explica Albert Royo a El Confidencial.

El juzgado al que alude abrió un sumario en 2017, en el que están investigados decenas de altos cargos. Los dos más importantes eran el ex secretario general de Vicepresidencia Josep Maria Jové y el exsecretario de Hacienda Lluís Salvadó.

Cuyas causa pasaron recientemente al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) porque están aforados, al haber sido elegidos diputados en las últimas autonómicas. El juzgado 13 estableció en cuatro millones de euros la cantidad en concepto de responsabilidad que debían depositar los investigados.

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