Escándalo Florentino: El Gobierno indemnizará con 1.291 millones pero el exige 4.200 para Abertis

Es tal la ignominia que incluso Hacienda reconoce ante Bruselas que la compensación elevará el déficit público.

El Estado español es digno de una auditoría, porque no es normal su actuación. Lo que está pasando con las autopistas, no es nuevo ni mucho menos, pero es de escándalo. Dentro del más que opaco Plan de Estabilidad enviado por el Gobierno a Bruselas, ha trascendido que aparecen 1.291 millones de euros que el estado debe indemnizar a Abertis consecuencia de los pactos que pasarán a ser firmes en terminar, el próximo 31 de agosto, la concesión de tres tramos de la autopista del Mediterráneo o AP-7: Barcelona-la Junquera, el Papiol-Montmeló y Barcelona-Tarragona.

Esta ‘hipotética’ deuda se remonta a un convenio firmado en 2006 por Magdalena Álvarez, ministra de Fomento del Gobierno de Zapatero, cuando se acordó que la empresa ampliaba las autopistas en previsión del aumento de tráfico que se preveía. Abertis, sin embargo, coló una cláusula donde dice que la empresa sería compensada si, al terminar la concesión, no se había llegado a los flujos de tráfico previstos. Efectivamente, esto es lo que ha acabado pasando y, por tanto, Hacienda deberá indemnizar a la concesionaria, con el consiguiente aumento del déficit público del 2021.

Pero eso no es todo, que el asunto, además de grabar los compras del estado, hace tiempo que está en los tribunales, ya que Abertis, participada a partes iguales por el Grupo ACS, dirigida por el oscuro Florentino Pérez,  y la italiana Atlantia, considera insuficiente esta indemnización de 1250 millones de euros. Según los cálculos de la empresa, la cifra debe ser de más de 4.200 millones de euros, el triple de lo que el estado acepta pagar.

Pero es que Abertis tiene abierto un pleito en los tribunales hace más de una década contra el Estado para que cumpla con las compensaciones que aparecen en el convenio firmado en 2006, en virtud de los cuales Acesa ejecutaba obras de ampliación y mejora, y también aplicaba descuentos en sus peajes, confiando en que el aumento del tráfico compensaría estos gastos y que, de lo contrario, el Estado asumiría la diferencia.

A escala catalana, lasrepúblicas.com o larepublica.cat (anteriormente directe.cat) han ido informado ampliamente sobre todos los sucesivos gobiernos que han ido pasando, y se han encontrado con este asunto sobre la mesa. El del PP, con Íñigo de la Serna como ministro de Fomento, no estaba de acuerdo con el cálculo de las compensaciones hecho por Abertis y, en un Consejo de Ministros de julio de 2017, determinó que sólo se resarciría a la concesionaria por la diferencia de tráfico esperada, pero no por la caída de negocio que se sufrió con la anterior crisis financiera.

Ahora, con la pandemia y la drástica reducción del tráfico, Abertis justifica 2.816.000 por el descenso del tráfico, un importe, sin embargo, que aún se debe incrementar para la compensación correspondiente 2021, año en que el tráfico de las autopistas de peaje sigue siendo muy bajo a consecuencia de las restricciones por la pandemia. El actual Ministerio de Transportes, José Luís Ábalos, se apoya en una sentencia del Supremo de 2019 que desestimaba un recurso de Abertis y, por tanto, valida la interpretación que hizo el Consejo de Ministros en 2017.

De ahí sale el cálculo del ejecutivo los 1.291 millones que acepta pagar que se ven confrontados, pero, con los 3.800 que le reclama la compañía concesionaria. Ahora, el Gobierno de Pedro Sánchez ha encontrado una vía de escape y endosará esta cifra a los fondos europeos que han de venir y Abertis cobrará la cifra que finalmente quede en agosto de 2021 incrementando el déficit público y la deuda de este año.

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