viernes, 29 de marzo del 2024

Gürtel: nueva condena por la visita del Papa a Valencia

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Beatriz Talegón
Beatriz Talegón
(Madrid, 5-5-1983) Licenciada en Derecho por la UAH, estudios en economía del desarrollo por la LSE en Pekin. Analista política. Ex Secretaria General de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas Actualmente colabora como analista política en distintos medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión).
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La Audiencia Nacional ha dado a conocer hoy nuevas condenas por la trama Gürtel con penas de hasta 15 años de prisión a 19 de los 23 acusados.

El delito por el que se les condena es la adjudicación ilegal al Grupo Correa del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para ser utilizados en la visita del Papa a Valencia en el año 2006.

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La sentencia que se ha hecho pública hoy condena con 13 años y 7 meses de prisión a Francisco Correa, con 15 años y 5 meses a Pablo Crespo, con 6 años y 9 meses a Álvaro Pérez y al que fuera director de Radio Televisión Valenciana Pedro Gimeno, y a 11 años y 7 meses al vicepresidente de TECONSA José Luis Martínez Parra.

Los demás acusados han sido condenados con penas entre los 8 meses de prisión y el año y medio de prisión, por lo que si no tienen antecedentes penales ni otras causas pendientes lo más seguro es que no ingresen en ningún centro penitenciario.

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La Audiencia Nacional ha absuelto a Noemí Márquez y a Alexandra Andrea Benesovsky. Otros dos procesados han fallecido durante el procedimiento: Juan Cotino y Luis Sabater Balaguer.

La sentencia considera que hubo una adjuciación directa por parte del director general de la Radio Televisión Valenciana a favor de la empresa interpuesta por el grupo CORREA, TECONSA, del contrato de suministro de pantallas, sonido y megafonía para la visita del Papa Benedicto durante el verano de 2006 a Valencia.

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El contrato se firmó por un precio excesivo y se le dotó de una apariencia de legalidad al proceso que en realidad no tenía. Además, las condenas también se imponen por delitos como prevaricación, malversación, fraude, cohecho y blanqueo. Se ha cifrado en 3,2 millones de euros el sobrecoste pagado con dinero público.

La sentencia ha aplicado la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas, pues han transcurrido 14 años desde que se produjeron los hechos, y 12 desde que se abrió el procedimiento.

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