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La Coordinadora de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del Franquismo ha informado a través de un comunicado de lo que considera un «intento burdo y grotesco de ejercitar una presión política sobre la Jueza Servini de Cubría, inaceptable desde cualquier punto de vista estrictamente jurídico-procesal y desde un punto de vista democrático». Entienden que los diferentes testimonios aportados por distintas personalidades (ex presidentes del Gobierno, ex ministros, líderes sindicales entre otros), constituye «un intento de injerencia gravísima en la tramitación de una causa judicial que, en todo momento, ha sido obstaculizada por las autoridades españolas al objeto de impedir la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la transición».
Así se han referido al escrito que ha dirigido a la Jueza Servini de Cubría Rodolfo Martín Villa, aportando a la causa una serie de testimonios o manifestaciones que a título individual han firmado distintos líderes políticos y sindicales.
Como ya informábamos en Las Repúblicas, los nombres de las personas que han dirigido sus testimonios o manifestaciones son los cuatro expresidentes del Gobierno: Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (Ex diputado de UCD, de Alianza Popular y del Partido Popular), Miquel Roca Junyent (Ex diputado de Convergencia i Unió), Enrique Krauss (ex presidente del Partido Democristiano y ex Ministro del Interior de Chile durante el mandato de Patricio Aylwin), Jaime Gama (ex Ministro de Administración Interna y ex Ministro de Asuntos exteriores de Portugal), Nicolás Redondo y Cándido Méndez (ex secretarios generales de la UGT), Antonio Gutiérrez Vergara y José María Fidalgo (ex secretarios generales de CCOO), Eduardo Serra Rexach (ex ministro de Defensa durante el primer gobierno de José María Aznar), Rafael Arias-Salgado (ex ministro de UCD y ex ministro del Partido Popular), Juan Van Halen Acedo (miembro del Sindicato Español Universitario y ex Senador del Partido Popular), Jesús Romero Trillo (Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid), Josep Borrell (ex ministro en los Gobiernos de Felipe González y Pedro Sánchez y actual responsable de la diplomacia exterior de la Comisión Europea), Jaime Ignacio del Burgo (ex Senador de UCD y del Partido Popular), Marcelino Oreja Aguirre (ex ministro de Asuntos Exteriores).
Todos los testimonios y manifestaciones aportadas por Martín Villa alaban su labor política durante la transición española.
Según explican desde la Coordinadora, «los testimonios de las personas anteriormente relacionadas, efectuados a título individual, en ningún caso desvirtúan los hechos por los que está imputado y sobre los que debera´prestar declaración Martín Villa». «Dichos testimonios alaban la figura «política» del imputado durante la Transición, tratando de exonerarle de esta forma tan particular de cualquier tipo de responsabilidad penal» afirman. De hecho, señalan que en el caso de las manifestaciones de Felipe González, éste considera que las responsabilidades penales deberían depurarse respecto a los propios querellantes y no respecto a Martín Villa.
Contrasta, según señalan desde la Coordinadora, el apoyo que ha recibido Martín Villa de este número reducido de personalidades con el apoyo público manifestado a nivel de más de cien instituciones y corporaciones públicas (entre otros, Ayuntamientos como el de Barcelona, Vitoria, Pamplona, Donostia, Zaragoza o Madrid; Juntas Generales de Áraba, Gipuzkoa y Bizkaia, Parlamento Foral de Navarra entre otros), fuerzas políticas, sindicales, organizaciones de sociedad civil internacionales y estatales, así como personalidades de distintos ámbitos que avalan la querella presentada en la que hay más de mil querellantes y denunciantes por los crímenes cometidos durante el franquismo.
Los hechos por los que está siendo investigado Martín Villa en la querella argentina integran 12 asesinatos y cientos de heridos ocasionados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que él dirigía en ese momento, a los que se ha referido como «actuaciones desgraciadas o errores».
Subrayan desde la Coordinadora CEAQUA que los hechos están debidamente acreditados en la causa penal y es en el plano estrictamente jurídico-procesal, no político, en el que la Jueza Servini deberá determinar si considera que ha de procesar a Martín Villa en esta causa.
