jueves, 25 de abril del 2024

ERC, Junts y PNV apoyan la «tasa Google» frente al rechazo de PP, VOX y CS

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Beatriz Talegón
Beatriz Talegón
(Madrid, 5-5-1983) Licenciada en Derecho por la UAH, estudios en economía del desarrollo por la LSE en Pekin. Analista política. Ex Secretaria General de la Unión Internacional de Jóvenes Socialistas Actualmente colabora como analista política en distintos medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión).
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Han sido el Partido Popular, VOX y Ciudadanos quienes han votado en contra, presentando en alguno de los casos enmiendas a la totalidad del texto. Desde Unidas Podemos han valorado estas enmiendas considerando que el posicionamiento muestra que no conocen nada sobre fiscalidad ni contabilidad.

En la presentación de la propuesta, la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, ha explicado que «la arquitectura tributaria española está pensada para la economía de hace veinte años» y que ante la economía digital no se ha construido una fiscalidad acorde.

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Ha hecho especial hincapié en la necesidad de mejorar la recaudación fiscal ante un nivel de ingresos que se encuentra ahora mismo siete puntos por debajo de la media europea, para asegurar servicios públicos de calidad y mejorar la progresividad del sistema tributario. Así, ha considerado la ministra que es importante llevar a cabo una «pedagogía impositiva» y «no engañar a los ciudadanos» ante una reforma fiscal. Y es que, según ha explicado, es momento de hacer entender que «sin un sistema fiscal más justo, no hay sanidad, ni educación ni prestaciones sociales».

En qué consiste la Tasa Google (o GAFA)

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La «Tasa Google» también se conoce como la «Tasa GAFA», que hace referencia a Google, Amazón, Facebook y Apple. El nombre que también recibe el impuesto es DSD, Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Fue aprobado en enero de 2019, pero su entrada en vigor quedó bloqueada a causa de la convocatoria electoral.

Este impuesto gravará con un 3% los ingresos de publicidad online, así como la intermediación y venta de datos de usuarios en el territorio español de aquellas empresas que facturen más de 750 millones de euros a nivel mundial, y al menos 3 millones de euros en España.

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La mayoría de empresas multinacionales cumplen con estos requisitos, y casi todas además son norteamericanas. Por eso Donald Trump no está nada contento con la tasa.

Se trata, en definitiva, de un impuesto que pretende aplicar una fiscalidad más justa ya que en la actualidad estos gigantes multinacionales de internet prácticamente no tributan por su actividad en España: se dedican a amasar millones de beneficios de los que después no reportan prácticamente nada. Los GAFA han tributado 24 millones de euros a Hacienda en el año 2017, algo muy por debajo de lo que sería justo en base a los beneficios que generan.

Estaría exento de este tributo el comercio electrónico que suponga la venta de bienes o servicios contratados directamente al proveedor sin intermediarios.

¿Cuánto se prevé recaudar con este impuesto?

Según las cuentas preliminares, se estaría hablando de la recaudación de 1.200 millones de euros al año. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal evalúa la recaudación en otros números: entre 546 y 968 millones de euros.

La tasa se liquidaría de forma trimestral.

Si las empresas no cumplieran con este tributo tendrán que pagar una multa del 0.5% del importe neto de la cifra de negocios del año natural anterior.

¿De dónde viene esta propuesta?

La idea de la tasa a este tipo de conceptos surge de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) el año pasado, en 2019. Desde este organismo se puso en marcha la propuesta para que se active en al menos 134 países.

La Comisión Europea también se ha mostrado a favor de este impuesto. Ha planteado un proyecto para la tributación a nivel europeo, pero se produjo un bloqueo por parte de Irlanda, Dinamarca, Suecia y Finlandia. De ponerse en marcha se podría llegar a recaudar unos 6.000 millones anuales.

El impuesto, a debate hoy

Patricia Blanquer, portavoz del PSOE en materia fiscal, ha criticado como «desproporcionadas» las enmiendas presentadas por la oposición, porque de tenerlas en cuenta, solamente se verían afectadas empresas con facturación a partir de los 750 millones y, en caso de hacerlo en España, podrían deducirse la carga en el Impuesto de Sociedades.

Desde Unidas Podemos, Txema Guijarro, ha considerado que estos grupos de la oposición deberían asumir «la gravedad del debate» ante la necesidad de ingresos y ha lamentado «su falta de voluntad por entablar» un debate al respecto.

ERC ha pedido al Gobierno que «sea valiente y empiece a aplicar esta tasa lo antes posible», incluso con mayor imposición pero que la sume a nuevos impuestos.

JxCat ha pedido también al Ejecutivo que discrimine en la carga fiscal de la tasa a empresas que no cotizan ni tributan en España de las que sí lo hacen.

El PNV, por su parte, ha justificado esta oportunidad y ha señalado que hay interés en ciertos países europeos (como Irlanda, Luxemburgo) que están empujando por retrasar el debate sobre el asunto, algo que consideran desde la formación vasca una actuación desleal. «No puede permitirse que, mientras no llega el impuesto, las grandes empresas se benefician».

 

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