jueves, 25 de abril del 2024

¿Fraude de ley o deslealtad?

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La Asociación Cuestión de Justicia y Honor (CJYH) y Las Repúblicas que vienen denunciando la falta de control sobre las bajas médicas que evidencia la Sanidad Militar, ahora viene a exponer, lo que no deja de ser un fraude que comenzó con la publicación de la Orden PRE/2373/2003, 4 de agosto, por la que se daba competencias por un periodo de tiempo máximo de 10 meses, a la Sanidad Militar en cuestión de acreditación de minusválidas. Dieciséis años más tarde se continua en la misma situación, ya que el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) no ha desarrollado los mecanismos que sí rigen en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).

La normativa a la que nos referimos es aplicada por el INSS, a todos los posibles ámbitos de la vida laboral de cualquier ciudadano, sin embargo, el Ministerio de Defensa utiliza la normativa de 2001 donde no se reconocen patologías (por no estar actualizada, la última actualización del INSS ES DE 2.017) y que en estos momentos debido a las operaciones de Paz o de Combate en las que participan los tres ejércitos, se hace imprescindible.

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Y aunque dicha normativa esta solo circunscrita al ámbito militar, la Sanidad Militar la utiliza para licenciar a su personal de manera que estos no tengan capacidad de recurrir. De esta manera la Caja de las Clases Pasivas, se ahorra pagar pensiones a militares que han sufrido heridas o se han visto afectados por su participación en aquellas misiones en las que España forma parte activa.

Así es el caso concreto de I.R., que tuvo que “ganarse” su pensión en vía judicial civil, después de haber sufrido graves heridas en Afganistán, heridas que desembocaron en la pérdida del bazo, un riñón, y las secuelas de 15 operaciones de reconstitución. De esta manera un soldado fiel a su País y a sus ciudadanos ve como una Junta Medico Pericial del Ministerio de Defensa, pretendía después de una catalogación del 24% de insuficiencia, ahorrarse su merecida pensión.

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Esta manera de actuar de las diferentes Juntas Medico Periciales, unas Juntas que no cuentan con personal especializado, hace que comiencen a proliferar casos de abandono por parte de la Institución Militar, un abandono que se hace más patente cuando una vez licenciados y pasar a formar parte de la Seguridad Social, esta les reconoce las minusválidas reales que no coinciden nunca con la valorado por la Sanidad Militar.

No puede ser casual que la valoración que la Seguridad Social hace de la minusvalía de estos militares para el desempeño de una vida normal, venga siempre corrigiendo muy al alza, la valoración que realizó la Sanidad Militar para el desempeño de una vida más exigente como es la militar.

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