La justicia castrense se ha salido con la suya con una irregularidad sonrojante para sacar de la jurisdicción ordinaria la causa en la que la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Daroca (Zaragoza), investiga la participación de un general y varios mandos, como ya informamos en Las Repúblicas.
Es el expediente por el que una soldado, C. V. B., ha acabado siendo sancionada por su supuesta intervención en unos vídeos porno con cuya protagonista mantiene obvias diferencias fisionómicas y sin haber cotejado en ninguna fase del expediente si es o no ella quien aparece en las escenas.
El Juzgado Militar Central número 1, con sede en Madrid, ha reclamado la causa a Daroca argumentando que el asunto entra en su ámbito al estar recogidos los presuntos delitos en el Código Penal castrense, según indica la normativa que regula esa jurisdicción, lo cual, según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, obligaría a este último a inhibirse y a trasladarle las diligencias que haya tramitado hasta la fecha.
Las corruptas argumentaciones del tribunal militar indican que, presuntamente, los hechos investigados podrían resultar constitutivos de un delito de abuso de autoridad, que castiga con penas de tres meses a tres años de prisión a quien «abusando de sus facultades de mando o de su posición en el servicio, irrogare un perjuicio grave a un subordinado, le obligare a prestaciones ajenas al interés del servicio o le impidiere arbitrariamente el ejercicio de algún derecho».
Ante esa petición del sumario, la juez de Daroca ha decidido inhibirse y remitir las diligencias, ya que «de lo actuado se desprende que los hechos son competencia de la jurisdicción militar», por lo que acuerda remitirle las diligencias. Otra vez el Ejército manejando los hilos a su interés. De sobras es conocido que la Justicia Militar protege a los suyos de manera escandalosa, y que ahora este caso cambia el rol de los encausados.
