miércoles, 24 de abril del 2024

Anticorrupción pide 23 años de prisión para ex altos cargos de una empresa pública del Estado

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Como ya hemos estado informando desde Las Repúblicas, la fiscalía Anticorrupción pide ahora hasta 23 años de prisión por antiguos cargos de la empresa pública DEFEX, dedicada a la venta de armas. Según el escrito del ministerio público, los antiguos dirigentes de esta sociedad deberían repartido comisiones de 15 millones de euros en contratos públicos en Camerún, Senegal, Gabón y Argelia.

Los fiscales creen que los acusados habrían creado una red de empresas fantasma en Suiza y Reino Unido, entre otros para canalizar los pagos irregulares. Las autoridades investigan contratos por un valor superior a los 100 millones de euros. Como anécdota, los miembros de la trama habrían abonado los gastos de una operación de cirugía estética a la mujer de un militar del Camerún.

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Hay quer recordar que esta es la primera empresa semipública española imputada por corrupción, que se sepa. La firma de venta de armas Defex, dijo hace unas semanas que no podía hacer frente a la fianza millonaria que le impuso en mayo pasado la Audiencia Nacional. El conglomerado público SEPI, del que depende Defex, comunicó al juez que la empresa no tiene los 315,7 millones de euros que debería consignar. La firma, en liquidación desde 2017, perdió 1,2 millones de euros el año pasado y se enfrenta a una inspección de Hacienda.

El objetivo de la cúpula de Defex era “la depredación de fondos públicos”, escribió el juez José de la Mata acerca de los directivos de esta empresa semipública (el 51% pertenecía a la SEPI; el 49% restante, a varias empresas armamentísticas) que está a punto de ser juzgada por la supuesta corrupción en sus negocios de venta de material con las autoridades de Angola.

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De la Mata dictó en mayo el auto de apertura de juicio oral a Defex y a otras dos sociedades, además de a 24 personas físicas, entre ellas cinco directivos que formaban la cúpula de la entidad, acusados de desviar y apropiarse de fondos millonarios en varios contratos de suministro de material policial en el país africano. Dos tercios de los 150 millones de esas facturas se perdieron en mordidas y comisiones.

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