El desconcierto y el enredo se han apoderado de la justicia española. O quizás algo más. La Fiscalía ha presentado un recurso a la sentencia absolutoria de Sandro Rosell y los otros cinco encausados por blanqueo de dinero de la Audiencia Nacional.
El Ministerio Fiscal alega un error de valoración de la prueba y solicita que se anule la decisión judicial y que se repita el juicio con un tribunal formado por jueces diferentes.
«Se considera la existencia, en sentido técnico, de un error de valoración de la prueba, por lo que se pide la anulación de la sentencia absolutoria por insuficiencia de motivación. Se pide un nuevo juicio de la causa, con una composición diferente de la sala».
La Fiscalía considera que el tribunal que absolvió a Rosell no valoró suficientemente bien las pruebas que supuestamente incriminaban el expresidente del Barça.
La Fiscalía considera, además, que los negocios en los que participaba Rosell eran –dice– «absolutamente irregulares» y que todos los movimientos de dinero y constitución de empresas estaban destinados al «blanqueamiento de dinero obtenido ilícitamente».
En un comunicado la Fiscalía apunta que no tiene sentido que se demostrara que los acusados crearon sociedades pantalla en paraísos fiscales, se simularon contratos y transferencias en Andorra con personas cercanas y que finalmente el jurado hubiera concluido que eran negocios lícitos.
La Audiencia Nacional absolvió al expresidente del Barça, su socio Juan Besolí y los otros cuatro procesados por el principio de «in dubio pro reo», es decir, que en caso de duda no se puede condenar a los acusados.
Y es que el tribunal no pudo acreditar que blanquearan cerca de 20 millones de euros de comisiones por los derechos audiovisuales de partidos de la selección brasileña de fútbol y de un contrato con Nike.
Sandro Rosell estuvo 600 días en prisión preventiva. Al respecto, la fiscalía dice que «la sentencia reconoce como correcta y medida la investigación de la Fiscalía, de la Policía Judicial y del mismo Juzgado Central de Instrucción», y valora «la utilidad» de la prisión provisional para cumplir con «el fin de garantizar la presencia de dos de los acusados de los cuales se podía temer riesgo de fuga».
