Juan Manuel Moreno pregonó confiado -o quiso parecerlo, tras las negociaciones realizadas por las centrales de los partidos de derechas en Madrid- “no haber cedido a las presiones de la ultraderecha”. Pero la mentira tiene las patas muy cortas. Juan Bravo, consejero de Hacienda, Industria y Energía, lo tiene muy difícil. Los presupuestos que está preparando y que debe presentar en breve no podrán salir adelante, porque el socio que les permitió alcanzar mayoría para gobernar, ha anunciado que los bloqueará si hay dinero para Memoria Histórica o violencia de género. Así de claro. El parlamentario Rodrigo Alonso, de la organización ultraderechista, ha mostrado el rechazo de su formación al desarrollo de la Ley de Memoria Histórica, y anunciado que no apoyarán el proyecto del Ejecutivo, si se incluye financiación para la identificación de personas represaliadas, o para la Ley de violencia de género.
El parlamentario asegura que “nadie se ha preocupado por buscar restos en Paracuellos, porque a la izquierda no le preocupa encontrar a los represaliados del “otro bando”. El Sr. Alonso demuestra necesitar lecciones de geografía, porque Paracuellos del Jarama no está en Andalucía y la posible identificación de represaliados, en todo caso, no corresponde a la Junta. También ignora, lamentablemente, que la Ley de Memoria Histórica de Andalucía no establece ninguna división en la causa de muerte de los fusilados o asesinados. En virtud de la Resolución 60/17, de la Asamblea de Naciones Unidas, de 16 de diciembre de 2005, la Ley andaluza reconoce como víctima “a quienes hayan sufrido daños como consecuencia de acciones u omisiones que violan las normas internacionalmente reconocidas, relativas a los derechos humanos, durante la guerra civil y la dictadura, hasta la entrada en vigor de la Constitución. Pese a todo, Alonso insiste en que “la Ley favorece a unos individuos sobre otros“, para justificar su negativa a la Ley de Memoria Histórica.
El Secretario de la formación dirigida en Andalucía por el juez Serrano, sostiene “Si la senda a seguir pasa por desviarse del cumplimiento de los 37 puntos de nuestro acuerdo con el PP, nuestra posición será negativa“. Parece claro, entonces, que los acuerdos de Moreno con Serrano, sí comprometían la labor de Gobierno, como se está viendo ahora, aunque entonces lo negaran para simular una victoria “de la democracia”.
En cuanto a violencia de género, Rocío Ruiz, consejera de igualdad, políticas sociales y conciliación, ha asegurado que “no se darán pasos atrás en la materia“, aseveración difícil de mantener, si finalmente ceden ante los abascalianos, o si estos bloquean el presupuesto, lo que dejaría indefenso al Gobierno andaluz, al no poder contar con presupuesto, todo lo más que podría hacer es recurrir a la prórroga del anterior, durante el tiempo que la Ley pueda permitirles.
